El Ministerio de Hacienda desató una ola de reacciones tras dar a conocer una propuesta que apunta a recortar el gasto en programas sociales en los próximos años. La medida incluye una reducción de al menos un 15% en el presupuesto de más de 260 iniciativas, además de la posible reformulación o cierre de otros 142 programas.

Entre los beneficios que podrían verse afectados están algunos muy conocidos, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono Invierno, la gratuidad en educación, la Asignación Familiar y distintos subsidios habitacionales. También se consideran recortes en áreas como el transporte público, la educación superior y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

El ajuste total propuesto alcanza cerca de $2,8 billones, y forma parte de un nuevo enfoque de gestión del gasto público que busca proyectarse hasta el año 2031. Según lo planteado, los ministerios deberán reorganizar sus presupuestos considerando restricciones más estrictas en el uso de recursos.

Además de los recortes, la propuesta inicial incluía la idea de eliminar más de un centenar de programas sociales. Sin embargo, tras las críticas que surgieron, se aclaró que muchos de estos no necesariamente desaparecerían, sino que serían reformulados. Aun así, el anuncio generó preocupación por el impacto que podría tener en áreas sensibles como salud, educación y apoyo social.

Entre los programas en revisión aparecen iniciativas de alimentación escolar, atención de salud, apoyo a jóvenes, prevención de consumo de drogas y financiamiento de estudios, entre otros. Varios de estos actualmente benefician a millones de personas en todo el país.

El tema ha generado debate porque estas posibles medidas contrastan con declaraciones previas en las que se aseguraba que no se reducirían beneficios sociales existentes. Esto ha puesto el foco en cómo se equilibrará el ajuste fiscal con la protección de quienes dependen de estas ayudas.

De concretarse, los cambios comenzarían a aplicarse desde 2027 y podrían afectar a una gran parte de la población, especialmente en áreas como pensiones, salud, educación y vivienda.

Por ahora, la discusión sigue abierta y todo indica que será uno de los temas más importantes en la agenda pública en los próximos meses.