El Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentra en proceso de licitación para la contratación de los servicios de fabricación de los nuevos pasaportes y cédulas de identidad, a partir de diciembre de 2022.

Si bien, aún no se ha adjudicado el contrato a ninguna empresa, ya se ha instalado la discusión referente a la seguridad de los datos personales de los usuarios. En este sentido, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, solicitó la asistencia del director del Registro Civil e Identificación, Sergio Mierzejewski para la aclaración de este controvertido punto.

En la instancia, Mierzejewski descartó “que vayan a existir compromisos de los datos personales, los datos están acá, se encriptan y se administran, por lo mismo es que el Registro está certificándose con normas ISO y está tomando medidas”,  acotando que “las normas técnicas que ponemos son bastante más altas que las que existían en la licitación anterior. El que cumple las normas técnicas lo hace cumpliendo el estándar anterior, y esto sucede por la evolución de la tecnología y del modelo”.

La empresa que ha presentado la mejor oferta económica es Aisino Corporation, con US$222 millones, consorcio tecnológico chino que ha puntualizado que la prioridad es la seguridad de la información de los chilenos y chilenas, aclarando, que, en el presente contrato, el manejo y la posesión de las bases de datos es el propio Registro Civil de nuestro país.

La propuesta de la compañía china consideraría una disminución considerable en el valor del pasaporte, el cual llegaría a $27.000, lejos de los más de $89.000 que se deben pagar hoy por el documento. En tanto, quienes deseen obtener su cédula de identidad, deberían pagar cerca de $2.000.

El resto de las empresas competidoras en la presente licitación, provienen de diversos lugares del mundo, Chile, España, Polonia, Alemania, Brasil, Eslovaquia y Francia, quienes buscan adjudicarse el premio final.

La discordia está servida. La actual operadora del sistema ha ingresado una demanda, exigiendo la impugnación del proceso total de la licitación, acusando que varias de las ofertas presentadas son inadmisibles, por no cumplir con las bases dispuestas en la licitación.

Fuente: Aton Chile.