La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que el próximo miércoles 18 de junio se presentará ante la Justicia para quedar detenida tras la ratificación de su condena por corrupción. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Kirchner afirmó que «no somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se prófuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea». Con estas palabras, la líder peronista anticipó su decisión de asumir la detención y enfrentar el proceso legal con transparencia, como ha hecho a lo largo de su carrera política.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión contra Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del caso conocido como “causa Vialidad”. Este proceso judicial se basa en la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos presidenciales (2007-2015), donde se detectaron sobrecostos millonarios y desvío de fondos estatales hacia la empresa Austral Construcciones, vinculada al empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner.

Además de la pena de prisión, la sentencia incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que impide a Kirchner postularse en las próximas elecciones legislativas, previstas para dentro de pocos meses. La noticia ha generado un clima de alta tensión política en Argentina, con movilizaciones masivas tanto de sus seguidores como de la oposición, que ven en el fallo una señal de la lucha contra la corrupción en el país.

Kirchner ha solicitado prisión domiciliaria, alegando razones estrictas de seguridad personal y su avanzada edad, argumento que será evaluado por los tribunales inferiores. La legislación argentina permite esta modalidad para personas mayores de 70 años, por lo que es probable que cumpla la condena en su domicilio.

En el plano internacional, la defensa de Cristina Kirchner ha presentado recursos ante la Corte Penal Internacional y prepara denuncias para organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando revertir la condena y denunciar lo que consideran una persecución política.

Este caso marca un hito histórico en la justicia argentina, siendo la primera vez que un expresidente es condenado a prisión por corrupción. Los expertos legales y políticos coinciden en que este fallo tendrá profundas repercusiones en el escenario político nacional y en la percepción internacional sobre la transparencia y el Estado de derecho en Argentina.