Columna de opinión por Maria Fernanda Juppet, Directora de la carrera de Derecho U. San Sebastián.

Cuando pensamos en protección de derechos del consumidor, lo primero que suele venir a nuestra cabeza es una gran corporación (a veces internacional) o una empresa de retail consolidada abusando de una persona natural, es decir, de un ciudadano promedio, el cual, en caso alguno puede hacer frente a cualquier definición realizada por quien le ofrece bienes o servicios que requiere, o, al menos, desea.

El problema, es que esta legislación se diseña, discute, aprueba e implementa, teniendo en consideración dicha perspectiva, lo que mejora sustancialmente la protección a los consumidores, pero afecta a pequeñas y medianas empresas a las que se les aplica dicha normativa sin contar con la estructura de organizaciones de mayor tamaño.

Así, es interesante la incorporación de una norma tendiente a facilitar el acceso a defensa jurídica gratuita de los consumidores a través de la Corporación de Asistencia Judicial y del SERNAC, beneficios que no son aplicables para las empresas.

Si nos ceñimos a una visión tradicional, las empresas, en todas sus formas y tamaños, no son apoyadas por medio del sistema público de atención jurídica gratuita, al obrar bajo la premisa de que estas organizaciones están en condiciones de pagar una asesoría especializada.

Esta idea es un prejuicio común, basado en un estudio realizado por Pymer, un cuarenta por ciento de los empresarios de pymes en Chile ha perdido oportunidades de venta debido a falta de capital del trabajo, y un cuarenta y siete por ciento a cancelado proyectos por falta de financiamiento a largo plazo. Estas cifras nos muestran una lógica completamente distinta, organizaciones que no cuentan con el capital necesario para cerrar actividades empresariales que podrían mejorar su crecimiento, perdiendo oportunidades concretas de negocios debido a falta del capital necesario para poder desarrollarlas.

Cuando la nueva ley de protección de derechos del consumidor acepta la incorporación de una atención gratuita a favor de los consumidores, a la vez, y en forma involuntaria, obliga a las pequeñas y medianas empresas a asumir costos con miras a defenderse de cualquier reclamo que presente un consumidor, con o sin asidero, afectando en forma concreta los resultados operacionales de dichas organizaciones.

Para los consumidores es un avance sustancial, contar con el respaldo del SERNAC y potencialmente de una corporación de asistencia judicial (o clínica jurídica) que los defienda en juicio, lo que necesariamente implica un incentivo a la judicialización de estos juicios. Pero desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, que corresponden a la mayor parte de las organizaciones comerciales sujetas a fiscalización potencial, la reforma los afectará negativamente en sus resultados, al incorporar costos de transacción nuevos a ser asumidos por empresas que no cuentan con la sofisticación ni los recursos para enfrentar una modificación de esta envergadura sin apoyo estatal.

Una vez más, se centra en casos de alta cobertura mediática para establecer facultades, sanciones y beneficios, bien intencionados, pero que afectan directamente a aquellas organizaciones que sustentan con mayor esfuerzo a la economía nacional.

Queda como tarea pendiente, especialmente para las Clínicas Jurídicas, dependientes de las Universidades, el asumir el apoyo de estos emprendedores, que requieren un mayor apoyo para seguir aportando al desarrollo, con una asesoría permanente que les permita contar con mejor información para tomar decisiones dentro del marco de la legislación vigente, ya que resulta evidente que desde el Estado mismo no recibirán esta guía necesaria.