La Contraloría General de la República dio a conocer un informe que reveló graves irregularidades en la contratación de personal en el sector público, al detectar que 164 personas legalmente inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes fueron contratadas o mantuvieron vínculos laborales con organismos del Estado, pese a desempeñar funciones que implicaban contacto directo y habitual con menores de edad.

Los antecedentes están contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, documento que analiza información recopilada entre los años 2020 y agosto de 2025, período en el cual se constató que 72 entidades públicas incurrieron en estas prácticas, contraviniendo la normativa vigente destinada a la protección de la infancia y adolescencia.

Mayoría de los casos se concentra en el ámbito educacional

De acuerdo con el informe del ente fiscalizador, la mayor parte de los casos se registró en el sector educacional, especialmente en cargos como docentes, asistentes de la educación y auxiliares de aseo, funciones que implican una relación permanente con estudiantes y comunidades escolares. No obstante, también se identificaron casos en servicios de salud, corporaciones municipales y otros organismos públicos.

La Contraloría advirtió que estas personas contaban con inhabilitación absoluta o perpetua para ejercer labores con menores, sanción que se establece principalmente en casos de delitos graves y que busca impedir cualquier tipo de contacto laboral con niños, niñas y adolescentes.

Situación durante 2025

El informe detalla que solo en el año 2025 se detectaron 35 casos activos de personas que, pese a estar legalmente impedidas, continuaban desempeñándose en funciones públicas vinculadas directamente con menores de edad. Estos casos se distribuyen en diversas regiones del país y abarcan municipalidades, servicios locales de educación pública, corporaciones municipales, hospitales y servicios de salud.

Entre las entidades involucradas figuran, entre otras, las municipalidades de El Bosque, Puyehue, Constitución, Nancagua, Valdivia, Los Andes, Tomé, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, Concepción, La Pintana, Illapel, Mariquina, Lumaco y Peralillo, además de corporaciones municipales y servicios públicos como el Servicio Local de Educación Pública Maule Costa, Valdivia, Atacama y Costa Araucanía, y recintos asistenciales como el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins y el Hospital Clínico Metropolitano El Carmen.

Obligaciones legales incumplidas

En el documento, la Contraloría recordó que el Decreto Ley N°645 de 1925, en su artículo 6 bis, establece de forma expresa que todas las instituciones públicas tienen la obligación de verificar previamente si una persona postulante a un cargo se encuentra afecta a inhabilidades establecidas en el Código Penal, antes de proceder a cualquier contratación, nombramiento o designación.

El incumplimiento de esta obligación constituye una falta grave, especialmente cuando se trata de funciones que involucran la protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Medidas instruidas por la Contraloría

Frente a los hallazgos, el organismo fiscalizador instruyó a las entidades involucradas a poner término inmediato a los contratos irregulares, además de iniciar los sumarios administrativos correspondientes con el fin de establecer las responsabilidades individuales y jerárquicas que correspondan.

Asimismo, la Contraloría indicó que deberán aplicarse las disposiciones de la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, lo que podría implicar sanciones administrativas y, en determinados casos, la restitución de las remuneraciones percibidas indebidamente por las personas contratadas en contravención a la ley.

Las instituciones involucradas deberán informar todas las acciones adoptadas al organismo contralor en un plazo máximo de cinco días hábiles, utilizando el sistema de inspección habilitado para estos efectos.

Falencias en los mecanismos de control

El informe pone en evidencia deficiencias estructurales en los procesos de control interno y verificación de antecedentes en la administración pública, particularmente en áreas sensibles vinculadas a la protección de la infancia. Desde la Contraloría subrayaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de revisión previa, así como los sistemas de seguimiento y actualización de antecedentes de quienes desempeñan funciones en organismos públicos.

El caso vuelve a abrir el debate sobre los estándares de contratación en el Estado y la responsabilidad de las autoridades y jefaturas en garantizar que las normativas de protección de menores se apliquen de manera estricta y permanente.