Gendarmería de Chile confirmó un nuevo error administrativo ocurrido en la Región Metropolitana que derivó en la liberación de un imputado que debía cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. El hecho se registró el pasado 24 de diciembre y motivó la apertura de investigaciones internas, además de la notificación inmediata al Ministerio Público.

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago había decretado una orden de ingreso a prisión preventiva contra el imputado. No obstante, dicha orden no fue ejecutada por el personal responsable, lo que permitió que el investigado quedara en libertad, pese a la resolución judicial vigente.

Tras detectar la irregularidad, Gendarmería adoptó medidas administrativas inmediatas, determinando sancionar al funcionario involucrado y apartarlo de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes. Desde la institución recalcaron que este tipo de situaciones no serán toleradas, enfatizando la responsabilidad que implica el correcto cumplimiento de las órdenes judiciales.

En esa línea, Gendarmería sostuvo que el error constituye una falta grave y aseguró que se colaborará plenamente con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que se produjo el incumplimiento. Asimismo, subrayaron que se trata de un hecho inaceptable que compromete el normal funcionamiento del sistema judicial.

Junto con lo anterior, la institución informó que se encuentra revisando y reforzando sus protocolos relacionados con el ingreso de imputados a prisión preventiva, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Según indicaron, la aplicación correcta de la ley y el respeto a las resoluciones judiciales son prioridades fundamentales para el servicio.

El hecho también fue abordado por el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien calificó lo ocurrido como grave y recalcó la necesidad de investigar en profundidad lo sucedido. La autoridad señaló que, ante errores de esta naturaleza, es indispensable establecer responsabilidades y definir el curso de acción correspondiente.

Este nuevo episodio se produce en un contexto complejo para Gendarmería, institución que atraviesa un período marcado por diversas controversias. En las últimas semanas, más de 40 funcionarios fueron detenidos, acusados de integrar una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, específicamente en Santiago 1 y la Cárcel de San Joaquín.

A estos antecedentes se suman otros casos registrados durante el año en distintas regiones del país, donde imputados quedaron en libertad pese a existir órdenes judiciales vigentes, lo que ha generado cuestionamientos al funcionamiento interno y a los controles del sistema penitenciario.

En este escenario, el Gobierno anunció una reforma estructural a Gendarmería, orientada a reorganizar sus funciones y fortalecer la gestión institucional. La iniciativa contempla separar las labores de custodia y seguridad carcelaria de las tareas de reinserción social, además de modificar su dependencia administrativa, traspasándola desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública.

La discusión sobre estos cambios se enmarca en el objetivo de mejorar los estándares de control, transparencia y eficiencia del sistema penitenciario, en medio de una creciente preocupación por los errores operativos y los casos de corrupción detectados en el último tiempo.