La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó que el Gobierno debe coordinar con la Municipalidad de Iquique las medidas necesarias que puedan afectar a los habitantes de la misma ciudad, debido a la crisis humanitaria migratoria que se vive en el norte del país.

La Corte aseguró que la situación es «un problema de carácter público» que ha generado «un conflicto suscitado», necesitado de alivio de «los efectos de un fenómeno que, además de ser extraordinario, se encuentra en desarrollo».

También catalogó de «insuficiente» lo que se ha hecho hasta hoy y que podría afectar los derechos constitucionales de los mismos residentes.

«Las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con la Municipalidad de Iquique, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a enfrentar de modo adecuado la crisis humanitaria y migratoria en actual desarrollo, procurando, asimismo, cautelar en todo momento los derechos de los migrantes que ingresan al territorio nacional por los pasos fronterizos de la zona afectada», detalló el organismo judicial.

Además determinó que el «Plan Frontera Segura» y las aduanas sanitarias establecidas en Huara y Colchane «en ningún caso permiten establecer la eficacia y eficiencia de los métodos adoptados para enfrentar de manera adecuada la situación humanitaria y migratoria que se ha generado a partir de la crisis sanitaria en pleno desarrollo, tanto más si se considera que si bien sus efectos nocivos repercuten de manera transversal en la sociedad, indudablemente dichas secuelas incluyen con mayor dureza en los grupos más vulnerables de la misma, tales como los migrantes».

Y agregó que “toda vez que un grupo considerable de la población continua viéndose afectado principalmente por el ingreso irregular de asentamiento de grupos de personas en distintos bienes nacionales de uso público», afectando su «integridad física y psíquica».

ATON Chile.