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El grave conflicto de interés que deslegitima la Ley de Fármacos II

Continúan las repercusiones tras el acierto periodístico del diario La Tercera en que se confirmó que la abogada Andrea Martones recibió $215 millones por parte de diversos laboratorios mientras jugaba un rol clave en la tramitación del proyecto, asesorando a los ex senadores Guido Guirardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC) durante la comisión mixta. 

Ya la semana pasada el exfiscal nacional Carlos Gajardo, quien hoy es el abogado patrocinante de la nueva querella presentada por la Asociación de Farmacias Independientes, calificó a través de su cuenta de Twitter este hecho como “muy grave”, agregando que la ley “tal como la Ley de Pesca y otras, nace manchada en su credibilidad”.

El preocupante conflicto de intereses no dejó indiferente a las farmacias independientes, es así,como el 14 de abril, Patricio Novoa y Daniel Zapata, este último, gerente general de la Farmacia Daniela, enviaron una carta al director del  medio La Quinta de la región de Valparaíso, manifestando que la denominada Ley de Fármacos II, no es una solución para los problemas de acceso a medicamentos y mucho menos para la problemática de los altos precios que se pagan en Chile. Afirmando que, “pese a la posibilidad cierta de legislar en favor de la población, el Congreso prefirió (una vez más) prestar oídos a la gran industria y resolver sus problemas”.

Asimismo, dan cuenta que el rechazo a las distintas soluciones propuestas se debe a que afectan principalmente a las grandes compañías farmacéuticas internacionales establecidas en Chile, así como también a las coludidas farmacias de cadenas.

“La influencia de la industria farmacéutica no se limita solo a las gestiones “ad honorem” de esta asesora. También están las múltiples representaciones gremiales que adopta la industria amplificando su ya poderosa voz y sus vínculos con la academia, algunas sociedades científicas y la sociedad civil, todo muy al estilo SQM”.

Antecedentes

La Ley de Fármacos 2, comenzó a tramitarse en 2015, pero, tras la falta de acuerdos entre la Cámara de Diputados y el Senado, pasó en 2020 a comisión mixta. En esta instancia cobra relevancia la participación de Martones, quien habría participado en la redacción de indicaciones del proyecto, además de asistir a 23 de las 28 sesiones en calidad de “asesora ad honorem” (sin contrato ni pago) de los en ese entonces senadores de oposición Guido Guirardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC).

El primer hallazgo que pone en tela de juicio a la abogada se registró en enero del 2022 al circular en redes sociales la foto de una factura de $16 millones emitida en junio de 2020 por la sociedad de la abogada, Martones SpA, por un servicio prestado a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF). Ese mismo día, se reveló a los integrantes de la comisión que, mientras los asesoraba, Andrea Martones prestaba servicios remunerados a diversos laboratorios pertenecientes a la CIF, uno de los sectores que se busca regular con mayor fuerza a través de esta ley.

Un segundo hallazgo lo ratifica el diario  La Tercera, medio que tuvo acceso a un oficio reservado del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre enero de 2019 y enero de 2023, Martones SpA emitió 92 facturas por servicios prestados a 10 laboratorios por un total de $446 millones. De ese total, $215 millones fueron facturados entre marzo de 2020 y enero de 2022, período en el cual la abogada asesoró a los senadores de oposición de ese momento que participaron en la comisión mixta, en el marco de la tramitación de un proyecto de ley que busca endurecer la regulación de la industria de los medicamentos en Chile.

 

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