Un conjunto de informes recientes de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades administrativas y financieras en distintos municipios del país, entre ellos Putaendo, Fresia, Independencia y Recoleta,  situaciones que han derivado en reparos millonarios, restitución de fondos públicos y querellas criminales presentadas por las propias municipalidades.

El escenario se da en paralelo al llamado público de la contralora Dorothy Pérez al Congreso para destrabar el proyecto de ley de integridad municipal, iniciativa que permanece estancada en el Senado desde enero de 2024, pese a haber sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023. Según afirmó Pérez en un seminario organizado por AMUCH y Chile Transparente, “ha demorado demasiado la legislación de integridad municipal en salir del Congreso”, declaración recogida por El Líbero.

Putaendo: giftcards, carnaval sobregirado y conciliaciones bancarias en Excel

El caso más amplio corresponde a la Municipalidad de Putaendo, donde Contraloría auditó todos los movimientos financieros de 2024 —por más de $2.560 millones— e instruyó procedimientos disciplinarios por 20 observaciones mayores.

Según el informe, las conciliaciones bancarias del municipio se realizaban manualmente en planillas Excel, pese a existir sistemas formales para ello, lo que implica un alto riesgo de errores y fraudes. Además, se detectaron 113 giftcards de vestuario por $21 millones, de las cuales 85 fueron entregadas a funcionarios municipales y 28 a funcionarios del DAEM.

La auditoría estableció que el 99% de los funcionarios adquirió productos expresamente prohibidos por el instructivo de vestuario corporativo —como calcetines, boxers, pijamas y ropa interior femenina— por un monto de $9.047.440, ordenando el reintegro de los recursos en un plazo de 90 días.

También se cuestionó el financiamiento del Carnaval de la Chaya, realizado entre el 9 y 17 de febrero de 2024, cuyo costo total ascendió a $309.519.731, generando una sobreejecución presupuestaria de más de $145 millones en distintas partidas. Para cubrir ese exceso, el alcalde Mauricio Quiroz aprobó una modificación presupuestaria unilateral, reduciendo en $138.200.000 el presupuesto de mantención de alumbrado público.

En declaraciones a El Líbero, el alcalde Quiroz señaló que tras el informe “se notificó a cada funcionario para que proceda a restituir los recursos mal gastados”, precisando que el plazo vence el 29 de diciembre. Sobre el festival, afirmó que Contraloría cuestionó la forma de financiamiento y que el gasto será regularizado en el presupuesto 2025. “No, por supuesto que no”, respondió al ser consultado por El Líbero sobre si fue advertido previamente de la ilegalidad de la modificación presupuestaria.

Fresia: viaje a Perú de concejales sin justificación ni respaldo legal

En la Municipalidad de Fresia (Región de Los Lagos), Contraloría investigó un viaje a Perú de tres concejales, realizado entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2023, para asistir a un curso sobre gestión municipal.

El informe —publicado el 14 de octubre— cuestiona que no se fundamentó la necesidad de que los concejales asistieran, ni se justificó su elección por sobre funcionarios municipales. El gasto total ascendió a $10.859.502, incluyendo pasajes, inscripción y viáticos.

Además, Contraloría advirtió que los concejales no podían votar su propia asistencia, dado que la ley prohíbe participar en decisiones donde exista interés directo. Tampoco se acreditó que los conocimientos adquiridos hayan sido aplicados posteriormente en la gestión comunal.

El ente fiscalizador ordenó al municipio, encabezado por el alcalde José Miguel Cárdenas, iniciar acciones para la restitución de los fondos. Desde la Municipalidad de Fresia indicaron a El Líbero que se encuentran elaborando la respuesta oficial y las acciones jurídicas para recuperar los recursos.

Independencia: querella por fraude al fisco tras pagos indebidos en educación

En Independencia, la municipalidad presentó una querella por fraude al fisco contra Claudia Carrillo, exjefa del DAEM, tras un informe de Contraloría que detectó pagos improcedentes por más de $80 millones a su favor y $121 millones adicionales a 17 directores de establecimientos educacionales.

Según el informe, durante el periodo 2022–2024 se registraron bonos excesivos, asignaciones fuera de norma y pagos retroactivos sin respaldo, algunos con excesos de hasta 200%, antecedentes que ya habían sido advertidos internamente mediante memorándums enviados al entonces alcalde Gonzalo Durán, hoy delegado presidencial.

Tras su salida, la alcaldesa subrogante Carola Riveroordenó una auditoría, lo que derivó en la suspensión de Carrillo y la apertura de un sumario administrativo en marzo de 2025. La querella fue admitida el 3 de octubre, aunque el caso aún no registra avances judiciales.

Desde el municipio señalaron a El Líbero que se mantienen activos los sumarios y que se han implementado las medidas correctivas exigidas por Contraloría, incluyendo el fortalecimiento de controles internos en el DAEM.

Recoleta: transferencias a cuenta personal y querella por malversación

En Recoleta, Contraloría detectó irregularidades en la gestión del entonces director de la Corporación Municipal de Cultura y Deportes, Juan Carrasco, quien realizó transferencias y giros a su cuenta personal por $17.375.798, de los cuales $14.865.868 no habían sido restituidos al término de su contrato.

El informe también cuestiona que Carrasco firmó sus propios anexos de contrato, modificando su remuneración sin revisión de una contraparte, y que no se acreditó el cumplimiento íntegro de su jornada laboral, considerando que en 2024 era además candidato a alcalde de Quilicura.

Entre los gastos objetados figura una boleta del Bar Liguria por $509.930, rendida como gasto de representación, pese a no estar contemplada en los estatutos de la corporación. Contraloría formuló reparos por $15.375.798 y ordenó regularizar el término del contrato.

La Municipalidad de Recoleta presentó una querella por malversación de caudales públicos y administración desleal. Desde la corporación indicaron a El Líbero que se implementó un nuevo Reglamento de Rendición de Cuentas y Control de Gestión, vigente desde el 4 de noviembre de 2025, que prohíbe transferencias personales, la firma de contratos propios y refuerza el control interno.

Carrasco, en tanto, sostuvo en redes sociales —según recoge El Líbero— que su desvinculación no se ajusta a la realidad y que los errores administrativos “no son de su responsabilidad”.