La Contraloría General de la República volvió a poner el foco en el actuar de las autoridades al emitir un nuevo instructivo que endurece las reglas para los ministros del gobierno de José Antonio Kast.

Se trata del documento IN14/2026, fechado el 27 de marzo, que refuerza las exigencias en materia de probidad, transparencia y legalidad en el ejercicio de la función pública. Más que una recomendación, el texto se presenta como una advertencia formal, subrayando que los ministros deben cumplir estrictamente estos principios como colaboradores directos del Presidente.

Conflictos de interés: foco en lo real y lo potencial

Uno de los puntos más relevantes del instructivo aborda los conflictos de interés. La Contraloría enfatiza que no solo deben evitarse situaciones concretas, sino también aquellas que puedan generar dudas sobre la imparcialidad.

Esto incluye relaciones personales, vínculos familiares o cualquier cercanía que pueda influir en la toma de decisiones. En estos casos, se establece el deber de abstención para resguardar la transparencia en la gestión pública.

Declaración de patrimonio y sanciones

El documento también endurece las exigencias sobre la Declaración de Intereses y Patrimonio. Los ministros deberán:

• Presentarla dentro de los 30 días desde que asumen
• Actualizarla cada año
• Informar correctamente sus intereses económicos

El incumplimiento contempla multas que van desde 5 a 50 UTM. En casos más graves, como omisiones prolongadas, se puede configurar una falta grave a la probidad que incluso podría derivar en destitución.

Medidas sobre intereses económicos y lobby

Para evitar conflictos, el instructivo establece que las autoridades deberán delegar la administración de sus activos o desprenderse de ellos si están vinculados a sus funciones.

Además, se refuerza la regulación del lobby:

• Cada ministerio deberá mantener registros públicos
• Se deberán transparentar reuniones, audiencias, viajes y donativos
• La omisión o falsedad de información puede ser sancionada

Límite a la actividad política

Otro punto clave es la prohibición de utilizar el cargo para influir en procesos electorales o participar en actividades políticas contingentes.

El documento cierra con una advertencia clara: el cumplimiento de estas normas será fiscalizado estrictamente, marcando una señal de mayor control sobre el actuar de las autoridades.