Política

Convención: Proponen norma para consagrar el derecho a la seguridad ciudadana

Hasta las afueras del ex-Congreso de Santiago, sede de la Convención Constitucional, arribó un grupo de personas para proponer una iniciativa de norma constituyente que garantice el derecho a la seguridad ciudadana en la nueva Carta Fundamental.

Entre los asistentes está Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana, tienda vandalizada durante el estallido social; Raúl Moya, padre de Tamara, niña de cinco años asesinada en febrero durante un intento de encerrona; Dahianna Pereira, viuda del cabo de Carabineros Eugenio Naín; y Mikaela Becker García, representante de familias de agricultores amenazados e intimidades.

El grupo busca impulsar una campaña denominada «Primero las víctimas», donde buscan reunir 15 mil firmas para ingresar su propuesta a la comisión temática que le corresponda, utilizando el mecanismo de participación ciudadana.

Desde la instancia, Raúl Moya advirtió que la Convención «ha hablado acerca de cambiar normas que beneficiarían a los delincuentes o personas privadas de libertad. Pero no han hecho eso con quienes hemos sido víctimas».

«No han hablado de temas de cómo podrían hacer un aporte para que constitucionalmente queden garantizados los derechos de las personas que llevamos una vida común y corriente, que cada día vivimos con el temor de sufrir algún atentado con nuestra vida e integridad física», añadió.

El artículo establece que “la Nueva Constitución debe ser el inicio de un cambio, donde las víctimas seamos prioridad, donde el Estado garantice nuestro derecho a vivir sin miedo”.

De esta forma, el Estado debe garantizar la seguridad «frente a situaciones que generen una vulneración para la seguridad física o psíquica de las personas, sus bienes, el disfrute de sus derechos y cumplimiento de sus deberes”.

«Los ciudadanos podrán ejercer un recurso de amparo, es decir, se podrá demandar al Estado si considera que ha sido ineficiente a la hora de garantizar su seguridad ciudadana», agrega el texto.

“Asimismo, se busca que el Estado sea el responsable de resarcir todos los daños y perjuicios que experimenten la o las personas, como consecuencia de la vulneración a su derecho a la seguridad ciudadana”, complementa.

Finalmente, propone “como obligación que el Estado promueva la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y seguridad de las personas».

ATON Chile.

Post anterior

La Roja consiguió agónico empate en amistoso con México

Post siguiente

Consulta Ciudadana en Rapa Nui aprobó con un 70% la reapertura del turismo