El acceso a una vivienda digna sigue siendo uno de los principales desafíos sociales del país. Así lo evidencia el último Balance de Vivienda 2025, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que advierte que cerca de un millón de hogares en Chile presenta algún tipo de déficit habitacional.

El estudio, construido a partir de los resultados de la Encuesta Casen 2024, dimensiona un escenario crítico: más de 834 mil hogares forman parte del déficit habitacional estructural, a los que se suman cerca de 121 mil familias que viven en campamentos y más de 20 mil personas en situación de calle. En conjunto, el diagnóstico refleja una presión persistente sobre el sistema de vivienda y la dificultad de amplios sectores para acceder a condiciones habitacionales adecuadas.

Según el informe, el déficit se manifiesta de diversas formas. Casi la mitad de los hogares afectados corresponde a familias allegadas que no pueden acceder a una vivienda propia por razones económicas. Otro porcentaje significativo vive en inmuebles considerados irrecuperables, mientras que más de 100 mil hogares enfrentan situaciones simultáneas de allegamiento y hacinamiento, con más de 2,5 personas por dormitorio.

A nivel territorial, la Región Metropolitana concentra la mayor parte de las necesidades habitacionales, con más del 40% del total nacional. No obstante, el informe también muestra una disminución del déficit en varias regiones del país en comparación con mediciones anteriores, especialmente en La Araucanía, Tarapacá, Atacama, Magallanes y Antofagasta.

El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, advirtió que, pese a las leves mejoras observadas, el problema sigue teniendo una magnitud preocupante. A su juicio, la falta de vivienda adecuada constituye una crisis social que requiere coordinación entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades, además de un entorno económico que favorezca el empleo y la inversión.

Frente a este escenario, el gremio de la construcción planteó una serie de propuestas orientadas a acelerar la respuesta habitacional. Entre ellas destacan la agilización de proyectos de vivienda, el impulso a mecanismos de subsidio a la tasa de interés, la extensión de permisos de edificación y ajustes al marco tributario que encarece las viviendas sociales. Asimismo, se plantea flexibilizar ciertos estándares de metraje en proyectos destinados a sectores más vulnerables, con el objetivo de aumentar la oferta disponible.

El informe concluye que, si bien el déficit habitacional no es un fenómeno nuevo, su persistencia exige medidas estructurales y sostenidas en el tiempo, capaces de responder a una demanda que sigue marcando la vida de cientos de miles de familias en el país.