El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva para un exparlamentario y su antiguo asesor de confianza. Tras la audiencia de formalización, el tribunal consideró que la libertad de ambos imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, basándose en la gravedad de las penas asignadas y la reiteración de los ilícitos imputados.

El magistrado a cargo dio por acreditados los presupuestos materiales de delitos que incluyen:

• Fraude al fisco.

• Tráfico de influencias.

• Uso malicioso de instrumento privado.

• Cohecho y delitos electorales.

Se ha establecido un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público.

Detalles de la investigación y perjuicio patrimonial

La indagatoria, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, estima un perjuicio fiscal aproximado de $104 millones de pesos. La tesis de la fiscalía apunta a la implementación de un mecanismo sistemático diseñado para la desviación de recursos públicos hacia fines personales y de financiamiento electoral.

De acuerdo con los antecedentes presentados ante el tribunal, la investigación identifica las siguientes irregularidades operativas:

1. Instrumentalización de fondos parlamentarios: Se investiga el uso de asignaciones del Congreso Nacional para la cancelación de pasivos personales derivados de campañas políticas previas.

2. Inconsistencias documentales: La fiscalía sostiene que se presentaron facturas por «gastos operacionales» que no corresponderían a servicios efectivamente prestados, con el objetivo de saldar deudas con proveedores externos.

3. Estructura administrativa: Los persecutores argumentan que los hechos no constituyen eventos aislados, sino una estructura organizada para la utilización indebida de fondos estatales.

Postura de los intervinientes

Mientras que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron la medida cautelar máxima debido a la multiplicidad de delitos y el impacto en el erario público, la defensa de los imputados ha rechazado los cargos. Los representantes legales de los acusados sostienen que las irregularidades detectadas corresponden a errores administrativos y no a una conducta criminal deliberada.

El proceso judicial continuará bajo la etapa de instrucción para determinar las responsabilidades definitivas en este caso de alta connotación pública.