La reciente absolución del excarabinero Claudio Crespo, imputado por las lesiones oculares que dejaron ciego a Gustavo Gatica en 2019, no solo reabrió un doloroso capítulo del estallido social. También desató una crisis política dentro del oficialismo que terminó con el quiebre de la coalición y el congelamiento del Partido Socialista (PS) en la alianza de gobierno.

La jueza que dictó el fallo invocó la figura de legítima defensa privilegiada, incorporada por la Ley Naín-Retamal, lo que generó una reacción inmediata de parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista. Estos responsabilizaron directamente al Gobierno, al PS y al PPD por haber respaldado la ley, dando pie a una fractura que amenaza con dividir a la futura oposición en dos bloques.

En ese contexto, vale la pena detenerse a revisar qué establece esta norma, por qué ha generado tanto debate y cómo llegó a influir en uno de los casos judiciales más sensibles de los últimos años.

¿Qué es la Ley Naín-Retamal?

La Ley Naín‑Retamal es el resultado de la fusión de dos proyectos que comenzaron por separado en el Congreso tras episodios de violencia que impactaron fuertemente a la opinión pública. El primero fue la llamada Ley Naín, propuesta después del asesinato del cabo Eugenio Naín durante un operativo policial en octubre de 2020. Ese proyecto original buscaba aumentar las penas por agresiones graves o mortales contra funcionarios policiales, incluyendo disposiciones para impedir beneficios como la libertad condicional o las penas sustitutivas.

Paralelamente, nació la Ley Sargento Retamal, impulsada tras la muerte del sargento Carlos Retamal en 2022 durante una fiscalización. Esta iniciativa se introdujo con 11 puntos que buscaban reforzar la protección legal de los miembros de Carabineros frente a ataques en el ejercicio de sus funciones.

En marzo de 2023, legisladores decidieron fusionar ambos proyectos para agilizar su tramitación y presentar una respuesta parlamentaria unificada en materia de seguridad pública. La nueva norma reunió así elementos de ambas propuestas y fue despachada con rapidez por el Congreso para su promulgación.

Qué modifica la Ley Naín‑Retamal

La Ley Naín‑Retamal introduce cambios en múltiples cuerpos normativos, desde el Código Penal hasta leyes que regulan a Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas. Sus aspectos más polémicos incluyen:

• Presunción legal de uso racional de armas por parte de agentes del Estado cuando actúan en legítima defensa o en defensa de terceros, lo que significa que se considera legal el uso de la fuerza salvo prueba en contrario.

• Funciones policiales protegidas durante investigaciones, de modo que quienes disparen o usen herramientas de fuerza en servicio no pueden ser suspendidos ni desvinculados mientras dure el proceso, salvo decisión expresa de autoridad competente.

• Endurecimiento de penas por agredir físicamente a Carabineros o funcionarios públicos, con condenas que pueden ir desde prisión leve hasta perpetua según la gravedad del ataque.

• Modificaciones a normas sobre control de armas, procedimientos penales y beneficios carcelarios para quienes cometen delitos contra el personal de seguridad del Estado.

Estos mecanismos —y en especial la presunción de que el uso de fuerza por parte de agentes de seguridad es legítimo mientras no se pruebe lo contrario— han sido los que más críticas generaron entre organizaciones de derechos humanos y parte del mundo político opositor, que señalan que esto podría dificultar la investigación y sanción de abusos por parte de las policías.

Por qué la ley es controvertida

Defensores de la Ley Naín‑Retamal argumentan que la norma responde a la necesidad de fortalecer el marco legal de las fuerzas de orden y seguridad en un contexto de alta violencia y agresiones contra efectivos policiales. De hecho, la sala del Senado respaldó el texto legal en 2023 tras introducir acuerdos con senadores de diversos sectores sobre la legítima defensa privilegiada.

Sin embargo, críticos —incluidas organizaciones de la sociedad civil— han advertido que la norma puede incentivar la impunidad si dificulta establecer responsabilidad penal sobre agentes del Estado en casos de uso excesivo de la fuerza. Esto ha generado alertas incluso de organismos de derechos humanos que señalan posibles conflictos con estándares internacionales.

En el ámbito político, esta controversia se tradujo en tensiones internas dentro de la coalición oficialista actual, ya que algunos parlamentarios respaldaron la ley mientras otros sectores —como el Frente Amplio y el Partido Comunista— se opusieron, vinculando su respaldo a la normativa con la absolución de Crespo. Esa oposición cruzada fue lo que terminó detonando la decisión del Partido Socialista de distanciarse de la alianza gubernamental en Chile.