Reinaldo Oliva Rojas es el hombre fuerte de las empresas más importantes de la alimentación escolar, que negocia millonarios contratos con JUNAEB y rebajas en multas del Estado. Sin embargo, el presidente de ADENA arrastra un silencioso expediente en los tribunales: conducción en estado de ebriedad con orden de captura, expulsión de su hogar por violencia intrafamiliar y una grave querella por corrupción y estafa procesal. Mientras él ejerce el lobby al más alto nivel, a las miles de manipuladoras de alimentos que su gremio emplea se les exige probidad absoluta bajo amenaza de despido.

Cuando el Estado chileno se sienta a negociar el futuro de parte importante de las raciones diarias que entrega el Programa de Alimentación Escolar (PAE), uno de los interlocutores que tiene al frente representa a un grupo de empresas  de millones de dólares. El encargado de esa vocería, de justificar las tarifas de las raciones para los niños más vulnerables del país y de solicitar clemencia frente a las millonarias multas por fallas operativas, es Reinaldo Rodrigo Oliva Rojas.

Oliva es el actual presidente interino y principal lobbista de la Asociación Gremial para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ADENA), el poderoso gremio que agrupa a algunas de las principales empresas concesionarias de Junaeb. Asumió el cargo como una figura de «salvataje» corporativo tras la estrepitosa caída de su predecesor, Gianni Rivera, destituido en 2025 en medio de acusaciones por abuso y estafas reiteradas.

La misión de Oliva era limpiar la imagen del gremio y proyectar solvencia técnica frente a la Dirección Nacional de Junaeb. No obstante, una revisión exhaustiva de los registros del Poder Judicial revela que las credenciales del actual líder de las concesionarias chocan de frente con la ética y la probidad que se espera de quien administra indirectamente dineros públicos destinados a la infancia. Su historial es un cúmulo de episodios que van desde el desacato policial hasta graves imputaciones de cuello y corbata.

El prófugo del volante

El primer cruce grave de Reinaldo Oliva con la justicia penal quedó registrado hace más de una década y demuestra, desde sus inicios, una compleja relación con el cumplimiento de la ley.

El 11 de marzo de 2010, fue sorprendido por Carabineros conduciendo en estado de ebriedad en la Autopista Vespucio Norte, en el sector del nodo El Salto – Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba. El Ministerio Público solicitó formalizarlo por infracción al artículo 196 de la Ley de Tránsito.

Lo que debió ser un procedimiento estándar se transformó en un proceso judicial de más de 5 años, que incluyó seguimiento de Carabineros con el fin de lograr su arresto. Oliva decidió no presentarse a la audiencia de formalización, por lo que el 27 de agosto de 2010, el juez Rodrigo García, del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en su contra, encargando su captura a la Policía de Investigaciones (PDI).

Casi dos meses después, la Bicrim de Conchalí informó al tribunal que la búsqueda del ejecutivo no arrojó resultados. Ante su falta de cooperación, el tribunal lo declaró legalmente «en rebeldía», pero decretó el sobreseimiento temporal de la causa el 14 de octubre de 2010 por falta de mérito. Oliva logró evadir el peso penal en su momento más crítico. Años más tarde, la justicia le permitió acceder a una salida alternativa: una suspensión condicional del procedimiento. Tras cumplir el plazo sin que ésta fuera revocada, el tribunal dictó el sobreseimiento total en 2015.

Violencia Intrafamiliar: Expulsado del hogar por orden judicial

Solo un año después de cerrar administrativamente su causa por conducción en estado de ebriedad, Oliva volvió a los pasillos del Centro de Justicia. Esta vez, por un hecho de violencia de género.

En 2016 enfrentó un proceso judicial en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). La gravedad de los antecedentes presentados llevó al tribunal a imponerle medidas cautelares y de protección estrictas en favor de la víctima.

A Oliva se le impuso la prohibición absoluta de acercarse a ella y fue obligado judicialmente a hacer abandono del hogar común que compartían en una residencia en Huechuraba.

Al igual que en su causa anterior, la estrategia legal del ejecutivo fue evitar el juicio oral acogiéndose a una salida alternativa. Tras someterse a una nueva suspensión condicional del procedimiento y transcurrir el plazo fijado por la ley, el juez Jorge Tesche decretó el sobreseimiento definitivo de la causa el 17 de octubre de 2017. Con esa resolución se levantaron las medidas de alejamiento y abandono del hogar. Nuevamente, la salida administrativa limpió su  antecedentes penales, pero los hechos que obligaron a un juez a sacarlo de su propia casa conforman un historial innegable.

La querella por corrupción corporativa: El flanco de Aliservice

El salto de Oliva desde los escándalos personales a los tribunales por presuntos delitos corporativos ocurrió en 2020. En su rol como Gerente General de la gigante concesionaria Aliservice S.A., Oliva fue el blanco directo de una grave querella criminal.

La acción judicial fue interpuesta por el abogado Julio Cuadros en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En ella, se acusa a Oliva de actuar de manera asociada para delinquir junto a una jueza de garantía, una fiscal adjunto y el abogado de su propia empresa.

El querellante invocó directamente la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos de corrupción apuntando a Oliva en su calidad de administrador y máximo ejecutivo de Aliservice S.A.. Los delitos que se le imputan en la querella son lapidarios: Prevaricato, Fraude o Estafa Procesal, Asociación Ilícita para delinquir y usurpación de funciones públicas.

La acusación detalla que, en el marco de una audiencia celebrada el 22 de junio de 2020, la cúpula de la empresa se habría coludido con operadores jurisdiccionales para vulnerar el debido proceso y criminalizar indebidamente a un extrabajador. Según el libelo, se cometió un «fraude procesal» usurpando la defensa de los intereses del Estado de Chile en un tribunal laboral para favorecer los intereses económicos de la concesionaria que Oliva gerenciaba.

Por si fuera poco, en otra querella interpuesta en 2019 vinculada a la industria alimentaria, por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, la parte querellante solicitó al Ministerio Público despachar una orden para citar explícitamente a Reinaldo Oliva Rojas como una de las diligencias investigativas.

La doble moral frente a las trabajadoras y el desafío ético para el Estado

Hoy, Reinaldo Oliva es un importante lobista de ADENA en distintas oficinas del Estado. Negocia presupuestos, discute la calidad técnica de la comida de los colegios y ejerce de contraparte válida para un Gobierno que le abre las puertas en el marco de la Ley de Lobby.

El contraste de esta realidad con la base trabajadora del sistema es brutal y muestra una profunda doble moral institucional. Las cocinas de Junaeb se sostienen sobre los hombros de miles de manipuladoras de alimentos, mujeres sometidas a un régimen laboral implacable. Para ellas, el sistema no contempla «suspensiones condicionales» ni «salidas alternativas». Si una manipuladora comete un error en la cadena de frío, altera una minuta por falta de insumos, o protesta porque su empleador no le paga las cotizaciones, se enfrenta al despido automático. Se les exige un comportamiento impecable y un certificado de antecedentes intachable bajo la amenaza constante de perder el sustento familiar.

Precarizadas y vigiladas con lupa, deben sentarse a exigir sus derechos fundamentales frente a un gremio liderado por un ejecutivo que se dio a la fuga por manejar ebrio, que fue expulsado de su casa por violencia intrafamiliar y que fue querellado por liderar presuntas asociaciones ilícitas para defraudar y prevaricar desde la gerencia de su empresa.

Hoy, el sistema de alimentación escolar atraviesa un punto de inflexión, exigido al máximo tras cuestionamientos históricos de calidad, amenazas de paralizaciones y un escrutinio público implacable.

En momentos en que el sistema y JUNAEB necesitan reconstruir su legitimidad, ¿cómo espera el Estado que las trabajadoras postergadas y los miles de padres y apoderados confíen la alimentación diaria de sus hijos a proveedores liderados por una figura con este historial?

Al parecer, la exigencia ética en el multimillonario negocio de la comida en los colegios opera se detiene, silenciosa y cómplice, justo en la puerta de las gerencias.